Un mapa de la crisis en San Marcos.
Cinco preguntas clave para comprender el caos
1. ¿Qué busca la nueva ley universitaria y qué intereses luchan contra ella?
La nueva Ley Universitaria 30220 busca fortalecer a la universidad peruana mediante tres acciones principales: a) exige mayor calidad educativa estableciendo estándares e indicadores internacionales que serán garantizados mediante una superintendencia; b) democratiza la elección de autoridades, pues crea un nuevo sistema transparente y universal en las universidades públicas; c) instala un sistema meritocrático, pues las mejores universidades obtendrán más fondos públicos.
Los enemigos de la ley representan una coalición de intereses económicos e ideológicos muy heterogéneos. Algunas autoridades de universidades públicas, bajo una supuesta defensa de la autonomía, se oponen a la ley para preservar sus intereses corporativos y sus redes de clientelaje. Por otra parte, los dueños de las universidades-empresa, bajo la defensa del mercado, se oponen a la regulación del Estado porque ya no podrán seguir ofreciendo servicios educativos mediocres ni vendiendo ilusiones a los menos informados.
2. ¿Por qué los rectores elegidos por un periodo de tiempo que todavía no concluye deben renunciar a sus cargos?
Toda ley que entra en vigencia es de aplicación inmediata y posee el poder de modificar una relación jurídica establecida por una norma anterior. Efectivamente, muchos rectores fueron elegidos por periodos que todavía no concluyen; sin embargo, ellos no pueden dejar de aplicar la ley y sus disposiciones.
El Tribunal Constitucional ha establecido la constitucionalidad de la ley universitaria; el Congreso no se atrevió a dictar una ley para amparar las pretensiones de supervivencia de los rectores y el poder judicial ha rechazado demandas en ese sentido. La ley debe cumplirse: acatarla es la primera tarea de un funcionario público, cualquiera sea su rango y capacidad de representación.
3. ¿Cuándo y por qué Pedro Cotillo dejó de ser rector de San Marcos?
El impedimento se produce el día primero de enero según comunicado de SUNEDU. La superintendencia establece que la firma de Cotillo carece de validez legal desde esa fecha para representar a San Marcos. Esta decisión de la superintendencia es una respuesta a su franca y destemplada oposición a la ley y a los obstáculos que él colocó para la instalación de una asamblea estatutaria en la universidad.
En consecuencia, Cotillo participó ilegalmente como “rector” durante el consejo universitario del cinco de enero. Fecha en la que según comunicado oficial por razones de salud se vio impedido de continuar en funciones y se eligió como rector interino a Bernardino Ramírez. Al percatarse de este vicio legal en la supuesta elección del sucesor, se vieron obligados a convocar a un segundo consejo universitario realizado el día de hoy sin la presencia de Cotillo.
4. ¿Por qué la elección de Bernardino Ramírez no tiene validez legal?
San Marcos es la única, de las cinco universidades públicas "rebeldes", que no tiene ni Asamblea Universitaria ni Asamblea Estatutaria, pues la primera ha sido desactivada completamente y la segunda no se ha instalado por las trabas que Cotillo y sus decanos adeptos han colocado a lo largo de más de un año.
Bernardino Ramírez ha sido elegido dos veces rector por el Consejo Universitario en menos de tres días sin contar con la legalidad de los estatutos ni la legitimidad de la comunidad universitaria. A Ramírez lo respaldan ocho decanos elegidos según ley y cuatro decanos encargados (digitados por Cotillo). Sin embargo, el Consejo Universitario no tiene facultades para elegir un nuevo rector, en caso que este deje de serlo por algún impedimento, el estatuto establece la solución.
5. ¿Por qué a Antonia Castro le corresponde ser rectora interina?
El artículo 90 del vigente estatuto de San Marcos sostiene que en caso de que el Rector no pueda ejercer su cargo, quien debe asumir el rectorado con todos sus derechos y obligaciones es el vicerrector académico.
Antonia Castro, vicerrectora académica, no necesitaba de un Consejo Universitario ni de la mayoría de votos de sus miembros, ni tampoco de un claustro pleno para legitimar su designación como rectora interina, pues este procedimiento lo establece estatuto de la universidad.
Ella asumió respaldada por ocho decanos elegidos democráticamente (entre ellos, Herman Vildózola de la importante Facultad de Medicina), y delante de numerosos estudiantes y profesores, esto le asignó legitimidad a su asunción. Mediante una resolución del día de hoy, la SUNEDU legaliza su firma como la válida para representar a la cuatricentenaria universidad. Castro tiene la oportunidad de demostrar que puede conducir con eficiencia este difícil periodo de transición.
